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Con peras y manzanas…Los gobernadores

Por Esteban Illades

Hace unas horas, la Procuraduría General de la República anunció que Interpol, la organización internacional de policía, había detenido a Tomás Yarrington en Florencia, Italia. A Yarrington se le buscaba desde hace más de cinco años y, en 2016, el gobierno federal anunció que pagaría 15 millones de pesos en recompensa a quien diera detalles para poder capturarlo.

El exgobernador de Tamaulipas, bajo quien inició el peor período de violencia en la historia del estado, era buscado por distintos motivos. Los principales: delincuencia organizada y lavado de dinero. Según las acusaciones, Yarrington tenía pactos tanto con el Cártel del Golfo como con Los Zetas. El entonces gobernador recibía pagos millonarios, su administración se hacía de la vista gorda y los cárteles operaban con total impunidad. Después, prestanombres de Yarrington, ahora detenidos, lavaban el dinero a través de transacciones inmobiliarias.

De este caso se hablará mucho en los próximos días, pero no es ni el primero ni el último. Gobernadores vinculados con delincuencia, o delincuentes ellos mismos, existen desde hace décadas. Al principio eran vistos como anomalías, pero hoy son la regla.

La lista es muy larga, así que aquí van unos cuantos ejemplos. Los primeros dos forman parte de los gobernadores acusados de haber trabajado con el crimen organizado. Los siguientes son los gobernadores que aprovecharon su mandato para hacerse ricos sin la ayuda del narcotráfico.

Mario Villanueva

El caso más sonado a finales del siglo pasado fue el de Mario Villanueva, gobernador de Quintana Roo de 1993 a 1999. Villanueva era apenas el cuarto gobernador del estado desde que había dejado de ser territorio. Desde sus últimos años se le empezó a investigar, pues se sospechaba que su administración dejaba pasar cargamentos de droga, en particular cocaína, con toda libertad por sus puertos.

Como ya es costumbre, desapareció un par de semanas antes de que terminara su gubernatura. El gobierno lo encontró dos años después, y lo envió al Altiplano bajo acusación de trabajar con el Cártel de Juárez. Estuvo encerrado seis años, hasta que el gobierno de Estados Unidos le dijo al mexicano que se lo enviara, porque también había cometido delitos allá. En diciembre de 2016 terminó de cumplir su condena del otro lado del río, pero, una vez más, fue a dar a prisión. El gobierno mexicano lo quería de regreso: no había acabado de cumplir su sentencia de 22 años en México. Hoy está en un penal de Morelos.

Eugenio Hernández

Otro de los gobernadores con orden de aprehensión en su contra es Eugenio Hernández, también de Tamaulipas. Hernández, sucesor de Yarrington, tiene una orden de captura en Estados Unidos, por los mismos delitos que su antecesor. Sin embargo, eso no le impidió que en las elecciones a gobernador del año pasado fuera a votar y se paseara frente a las cámaras.

Andrés Granier

Granier gobernó Tabasco de 2007 a 2012 y será recordado como uno de los primeros detenidos por defraudar las arcas locales. A pesar de su lujoso guardarropa, de sus casas en Cancún y Miami, el exgobernador ha ganado todos los juicios que ha enfrentado hasta ahora. Se le acusó de desviar 35 millones de pesos, pero el gobierno federal no lo logró comprobar. Aunque todavía tiene procesos pendientes, es posible que salga de prisión en un futuro no tan lejano.

Javier Duarte

Javidú es el caso que todos conocemos. Si los gobernadores antes actuaban como virreyes, bajo Duarte la cosa se volvió de locos. Se desvió todo el dinero que se pudo, y se hizo desde las secretarías que más ayudaban a la gente pobre: desarrollo social y educación. De él ya hemos escrito con anterioridad. Al día de hoy está prófugo, aunque el gobierno dice que ya está cerca de agarrarlo. Como buena caricatura, los agentes federales siempre llegan cuando Duarte ya se fue, pero se encuentran los frijoles en la estufa.

Nunca está de más recordar que un día antes de que Duarte huyera del país, se reunió con el secretario de Gobernación. El secretario, por cierto, declaró después que le “sugirió” a Duarte que se entregara.

César Duarte

Sin relación con el otro Duarte –más allá de compartir su amor por desviar recursos–, el exgobernador de Chihuahua está prófugo desde hace unas semanas, cuando el gobierno local, encabezado por Javier Corral, anunció que se le buscaba por desvío de fondos, entre otras cosas.

A diferencia de los gobernadores anteriores, César Duarte es el único que enfrenta acusaciones locales, porque el gobierno federal no ha podido, o no ha querido, investigarlo.

Roberto Borge

Gobernador de Quintana Roo hasta el año pasado, Borge hizo cosas similares a Javidú, pero con mucho menos impacto en los medios nacionales. Oficialmente no hay nada en su contra, pero la PGR ha dado a entender que está armando un expediente. Por lo pronto le ha quitado 25 propiedades a cargo de prestanombres suyos, y que tienen un valor de más de cinco mil millones de pesos.

Bajo el mandato de Borge, uno de los estados más prósperos del país terminó en quiebra. Se estima que su gobierno generó una deuda mayor a 22 mil millones de pesos. Y, por si fuera poco, se reporta que armó una red para despojar a gente de sus casas, hoteles y negocios para después dárselos a gente suya. Tan sólo terminar su administración, se fue a vivir al Four Seasons en Disney World, donde una suite puede costar más de 150,000 pesos la noche.

Pero, ¿por qué?

Estos son sólo unos cuantos casos, hay muchos más que no se han investigado y que tal vez nunca salgan a la luz. Sin embargo, algo queda claro: hay un gran escándalo que sucede a nivel local y que pocos ven, o que se ha normalizado a tal grado de no importar, como tantas otras cosas: los gobernadores actúan de manera impune. Se alían con el crimen y lavan dinero, o de plano se roban lo que tienen a su disposición. Nadie los investiga; si llega a suceder, ocurre tan tarde que ya desaparecieron de México. Pero estos hombres, que no tienen nadie que les diga que no, ni siquiera del gobierno federal, son responsables de que hoy en el país haya miles de millones de pesos sin rastro alguno, miles de millones de pesos que los mexicanos pagaron en impuestos y que nunca más volverán a ver.

Mientras no se les controle, y se les empiece a tratar como lo que son –seres que necesitan ser supervisados las 24 horas al día por miedo a que se vayan a robar hasta los cubiertos–, los gobernadores le seguirán viendo la cara al país entero con toda tranquilidad.

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